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Voy a hablar de la ruralidad de Ciudad Bolívar desde mi experiencia personal, pues es la única forma de hacerlo que encuentro sincera. Cierto día fui comisionado para dar una charla a los funcionarios de una de las sedes del Hospital Vista Hermosa, precisamente la que funciona en la Vereda Mochuelo Alto, una de las más cercanas a Doña Juana. Yo era consciente de la existencia del ‘relleno’ pues vivía y vivo en Usme, pero nunca había estado tan cerca. Cuando avanzaba por la carretera que lleva a Mochuelo vi, desde la ventana del carro en el que iba, una gran zona cubierta de plástico negro y sentí un olor nauseabundo que traté de disimular. Después de un rato llegué a Mochuelo, ofrecí mi charla –una aburrida explicación de la política de calidad del hospital- y me dispuse a almorzar, pero mi desconcierto fue mayor cuando entendí que debía disputarme la comida, literalmente, con las moscas que volaban por el hospital. Una enfermera me explicó que debido a la presencia de Doña Juana las moscas eran un importante vector de enfermedades allí, al igual que las aves, las ratas, los perros y básicamente todo ser vivo que entrara y saliera constantemente del lugar. Lo que yo no sabía, o no había querido ver, era que un grupo humano vivía, a tan pocos kilómetros de mi casa, afectado por un hedor permanente y un riesgo constante de contraer enfermedades dérmicas y respiratorias, sin que nadie hiciera nada.   Por un tiempo olvidé el asunto, pues me fui a estudiar sociología a la Universidad Nacional, pero  retomé el interés en la ruralidad de Ciudad Bolívar cuando hice, con algunos amigos, una indagación sobre la afectación que Doña Juana produce en las zonas aledañas, revisando los estudios técnicos que se habían elaborado al respecto. Encontré, para mi sorpresa, que estos no eran ‘concluyentes’ y me propuse, de forma ingenua, diseñar uno que si ‘fuera objetivo’, que ‘demostrara’ certeramente el daño físico en los habitantes. Así quedó la cosa, como un simple trabajo de asignatura, hasta que tomé el curso de Sociología de la ciencia que ofrece la profesora Olga Restrepo y entendí, que más allá de las abstrusas disquisiciones de los filósofos, el análisis social de la ciencia permite comprender cosas tan ‘mundanas’ como la relación entre un grupo de campesinos, un dispositivo tecnológico para disponer residuos y el rol de ciertos expertos públicos, desde una perspectiva más compleja y digamos menos ‘positivista’ que la que me acompañaba inicialmente. A través de antiguos compañeros de trabajo logré contactarme con algunos campesinos del lugar para preguntarles cómo eran sus relaciones con Doña Juana, qué pensaban de los estudios no concluyentes, etc. También hablé con los ‘expertos’, con ingenieros del hospital encargados de realizar inspecciones de vigilancia epidemiológica en la zona rural de Ciudad Bolívar. Aunque quería abarcarlo todo (la ciencia, la ruralidad, el papel del Estado) no pasé de un nombre, de la denominación de Doña Juana. Me explico: mientras los campesinos de Ciudad Bolívar lo llaman ‘basurero’, ‘botadero’ o ‘La Juana’, los expertos del hospital insisten en que debe denominarse ‘relleno sanitario’. Esto lo vi en una reunión a la que asistían tanto los ‘expertos’ como los campesinos, pues cada uno lo llamaba como le parecía. Supe con posterioridad que los funcionarios del hospital llevaban a cabo charlas para convencer a los campesinos de hablar de ‘relleno sanitario’, explicándoles sus características técnicas y señalando que hay allí un complejo trabajo de ingeniería –civil, química, ambiental- que lo diferencia de aquellos lugares, los ‘botaderos’, donde los desechos simplemente se arrojan a la buena de Dios. Al parecer, un problema de transmisión de conocimiento: los campesinos no saben que es un ‘relleno’ y debemos explicarles. Sin embargo, el asunto es más complejo.   Después, en una entrevista informal con una madre comunitaria de Mochuelo Bajo, le pregunté por qué ella y sus vecinos se negaban a llamar ‘relleno’ a Doña Juana. Esa conversación me hizo ver que ellos entienden las diferencias técnicas entre un botadero y un relleno, pero se niegan, reflexivamente, a denominarlo como quieren los expertos. La razón es simple: si se supone que un ‘relleno sanitario’ implica una disposición técnica de las basuras, con el fin de mitigar y reducir al máximo sus potenciales perjuicios (incluyendo la presencia de malos olores, ratas, moscas y demás vectores de enfermedades) y lo que ocurre es que precisamente esas cosas abundan en sus casas, vidas y territorios, ¿por qué habrían de llamarlo así? Cuando las personas con las que me entrevisté hablaban de Doña Juana lo hacían como quien habla de un enemigo que invade su territorio, de un ente que no pertenece al lugar y que ellos nunca pidieron. Una de ellas, la madre comunitaria que mencionaba, me dijo mirando desde la terraza de su casa a un lado el ‘Parque Minero’ –otro gran tema que no puedo tratar aquí- y al otro Doña Juana: ‘estamos cercados’.   Aunque a fin de cuentas no me sorprendieron las respuestas de los campesinos, pues cada vez sospecho más de las afirmaciones que relacionan los conflictos ambientales con simple ‘falta de información’, si debo decir que escuché con algo de asombro a los expertos, cuando dijeron que ellos sabían que las personas de la zona rural entendían las diferencias técnicas entre ‘relleno’ y ‘botadero’, y que incluso eran conscientes de que usaban ‘basurero’ o ‘La Juana’ como forma de posicionamiento político frente a ese lugar.   ¿Entonces para qué las charlas explicativas? Indagando un poco en la historia de Doña Juana, especialmente hablando con algunos líderes comunitarios de la zona rural, me encontré con que las relaciones entre la comunidad y las empresas encargadas de administrar el ‘relleno’ casi siempre han sido problemáticas, que los campesinos argumentan que su presencia les causa enfermedades y afecta su agricultura, y que además consideran insuficientes los planes de compensación que se les proveen. Para hacer frente a este problema han emprendido acciones tanto legales como de hecho. Una de resonancia actual: la demanda que produjo el fallo que condena al Distrito a pagar una millonaria indemnización a los afectados por el derrumbe de varias toneladas de basura, ocurrido en septiembre de 1997, y asociado a una falla en el manejo de los lixiviados. Otro hecho, aunque no el único de este tipo, es un paro que en el año 2005 bloqueó la entrada de los camiones recolectores de basura y obligó al entonces alcalde Garzón a discutir con los campesinos un tema que los inquieta permanentemente: la expansión del “relleno”. Antes de pasar a este tema solo quiero señalar que, en este caso, las charlas explicativas de los expertos públicos apuntan más a un intento de normalizar las relaciones conflictivas entre dos actores relevantes de la zona rural –la comunidad y los operadores de Doña Juana- que a transmitir un contenido científico, o siendo más precisos, a intervenir unas relaciones sociales problemáticas desde el intento de promover una forma particular de relación con los saberes expertos –respeto, no cuestionamiento-. En el intento de comprender las relaciones entre la comunidad rural de Ciudad Bolívar, Doña Juana y los expertos, he realizado entrevistas personales, asistido a reuniones comunitarias y revisado documentación técnica y de política pública. De todo lo que he encontrado, me gustaría resaltar la importancia de la territorialidad. Las comunidades campesinas tienen una relación particular con la tierra, que no es solo productiva sino también simbólica; así ocurre en las casi diez mil hectáreas rurales de Ciudad Bolívar, por lo que sus habitantes se sienten amenazados ante la posibilidad de que el gobierno distrital incremente las hectáreas de Doña Juana –debido a que cada vez está más cerca el fin de su vida útil- de tal forma que termine por sacarlos de su territorio. Incluso, algunos de ellos me han contado que en años anteriores se han hecho compras de fincas, casi obligatorias, a algunas familias que vivían en las áreas más cercanas. En este marco, mi tesis es que para los habitantes de esta zona de la ciudad los veredictos de los saberes expertos no son simple información neutral sino argumentos en un debate más amplio: cómo debe gobernarse su territorio, qué actividades económicas pueden o no desarrollarse allí, y qué peligros representan estas para su vida biológica y cultural, etc.   Lo que quiero mostrar es que, como en otros contextos –minería, construcción de represas-, en la zona rural de Ciudad Bolívar la relación de las comunidades con los veredictos expertos es inseparable de procesos identitarios y políticos. Lo ilustré a partir de algo en apariencia simple, un nombre, pero que muestra una lucha no solo por la nominación sino por la ‘ontología’, a la manera de la filósofa Ann Marie Mol, quién plantea que en debates que involucran a expertos lo que generalmente se juega son formas alternativas de definir e intervenir técnicamente la realidad que no están separadas en tiempo y espacio, sino que pueden tener cruces problemáticos, cosa que, creo, sucede en este caso.
Bogotá rural
DE RURALIDAD, EXPERTOS Y BASUREROS
Textos
Edisson Aguilar Torres Sociólogo Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, interesado en la relación entre ciencia, participación social y medio ambiente.
Fotografías
Edisson Aguilar Torres y Emilse Ramos Colmenares
Este número se hizo con el apoyo de COINTELCO, Pasión por la Energía. PBX. 3112799 CRA 50 No 78 - 21 BOGOTÁ - COLOMBIA