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Hace algunos meses, cuando las personas que residimos en Bogotá sentíamos y escuchábamos que habría cambios en el manejo de las basuras en la capital colombiana y -quizás- reconocíamos con atención el sonido de los camiones compactadores mientras recorrían las calles adyacentes a nuestras moradas, un profesor de una universidad bogotana tituló una de sus columnas, publicada en uno de los periódicos de mayor circulación nacional, de la siguiente manera: «El reciclaje no es negocio ni fuente de empleo». El título, que podría entenderse como una hipótesis, fue sustentado por Eduardo Behrentz arguyendo que el debate en torno a cómo debían manejarse los residuos sólidos en la capital adolecía de elementos técnicos. A continuación, tras mencionar estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –sin plantear las premisas de las que partían-, enfatizó que los costos de transporte, separación y valorización resultan superiores al valor comercial del material potencialmente reciclable. Sin embargo, no se opuso al reciclaje, aunque mencionó que solo resultaba conveniente si se incluía la ‘externalidad ambiental’. Por ello, si bien deberíamos reciclar, tendríamos que ser conscientes de que tal proceso implicaría mayores costos, cubiertos por los usuarios vía tarifa o por subsidios cruzados. Aunado a lo anterior, señaló que el reciclaje no es una opción generadora de riqueza y que el sentido de la gestión de residuos sólidos es el mejoramiento de la calidad del servicio mientras se minimizan los impactos ambientales. Punto que, según él, olvidó la Corte Constitucional en un equivocado concepto, ya que se centró en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de recicladores. Sin exponer los argumentos dados por la Corporación -que catalogó de demagógicos-, enfatizó que se trata de un grupo minoritario y que no tiene cabida en un sistema que alcance estándares internacionales, donde ha de tomarse distancia del trabajo infantil y del maltrato animal que caracterizarían al esquema que se pretende masificar en Bogotá. Lo dicho por Behrentz permite entender posiciones específicas frente al manejo de residuos sólidos. Puntos de vista que utilizan adjetivos como “antitécnico” o “demagógico”, pero que se abstienen de ahondar en los argumentos de las otras partes, obviando así  puntos relevantes.   ¿Qué hacemos con lo que llamamos desperdicios? En su mayoría los enterramos en el sur de Bogotá camino a los llanos orientales, en un lugar que cobija los desechos de más de 8 millones de almas y que fue nombrado Doña Juana. Muchas y muchos habrán pasado por allí, sin sospechar siquiera los restos de la historia de nuestro consumo que se han ido depositando bajo capas en el relleno, como cuando se esconde bajo una alfombra el polvo de un recinto. El negocio de los actuales prestadores del servicio, entre los que se halla la empresa LIME que pasa al frente de mi casa mientras escribo estas líneas en esta fría noche de enero, está en enterrar. Les pagan por el peso de lo que se denomina basura, obviando las ingentes posibilidades del aprovechamiento. Este modelo también diluye en las cortinas del alzhéimer técnico que ciertas comunidades de la urbe capitalina –y no precisamente esas que estudian en la universidad donde dicta clases el profesor Behrentz- soportan el olor de los residuos, así como los lixiviados que contaminan las aguas de los ríos Tunjuelito, Bogotá y Magdalena, entre otros. Esa carga social ha sido analizada bajo el concepto de justicia ambiental, donde se considera injusto que ciertos y ciertas –por lo general los pobres- deban asumir mayores cargas que el resto de la sociedad. Por ello, lo mejor sería llegar a un punto tal en el que los residuos se aprovecharan en su totalidad y no fueran enterrados bajo el suelo, imponiéndoles a algunos las consecuencias del peso del consumo del resto. La potencia del aprovechamiento, que supera con creces al reciclaje (ya que incluye el compostaje o la reutilización), es un negocio. Así, cabría preguntarse cuánto le cuesta a una ciudad como Bogotá conseguir un nuevo terreno para enterrar sus desperdicios y a qué nuevas comunidades se les impondría la carga. Entre más se prolongue la vida útil del relleno, mejor, y esto se logra, precisamente, con el aprovechamiento de los residuos. Igualmente, sería oportuno analizar las ventajas que tiene no acudir directamente a los ecosistemas para obtener materias primas necesarias para la cadena productiva. Así, en vez de –por ejemplo- internarnos menos en las montañas para extraer metales, podríamos evitar ese costo ambiental reutilizando aquellos que hace tiempo fueron extraídos y que serían enterrados bajo la tierra de no ser seleccionados para el aprovechamiento. Todo ello entra en lo que Behrentz denomina “externalidad ambiental”, que permite comprender que el modelo propuesto  solo resulta rentable si obviamos los verdaderos costos que conlleva. Es posible que los valores comerciales sean inferiores a lo que cuesta el transporte y valorización de los bienes potencialmente aprovechables –denominados por algunos como basura-, pero Behrentz olvida la figura de los intermediarios, de los bodegueros y de los monopolios que tienen para fijar los precios. Ahora bien, en la actualidad, miles de personas -14.000 según el censo presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a la Corte Constitucional tras el Auto 275 de 2011- caminan por las calles bogotanas seleccionando y transportando los residuos. Nosotros, habitantes de la urbe al igual que ellos y ellas, no les reconocemos nada por su trabajo y esto, sin eufemismo alguno, se llama explotación, ya que es el beneficio de muchos sin dar absolutamente nada a cambio. La historia de nuestra América ha mostrado que la explotación es un negocio, pero solo para algunos y en detrimento del resto. ¿Cuántas haciendas no operaron con la esclavitud y la encomienda? Así que la ventaja de reconocer a los recicladores su labor, además de asumir los beneficios ambientales que nos han traído –pues llevan años haciéndolo- es dejar de lado la explotación a la que los hemos sometido y esto, a pesar de lo sinuoso del concepto, podría entenderse como algo justo. Finalmente, los costos que critica Behrenz ya existen, solo que no los registramos económicamente. Desconocer la labor que adelantan como fuente de empleo sería obviar que de ello viven y subsisten; 14.000 empleos –informales al momento de la expedición de los Autos 268 de 2010 y 275 de 2011, pero formalizables según el modelo de política pública catalogado de demagógico- es lo que genera la actividad, por lo que el título/hipótesis tendría que ser descartado o, al menos, profundamente cuestionado. Claro que se trata del mejoramiento de vida de una población, sin duda, pero que presta un servicio público que beneficia a la comunidad en su totalidad. Ahora bien,  si se lee la parte resolutiva de la última providencia mencionada, se observará que la Corte Constitucional en ningún momento avaló el trabajo infantil o el maltrato animal, pues indicó que era legítimo para la colectividad bogotana exigirle a los recicladores que se formalizaran y que su labor fuera fiscalizada por los entes de control que vigilan la prestación de servicios públicos. No se puede desconocer tampoco que estas personas han adquirido –por la experiencia- competencias en el manejo de residuos potencialmente aprovechables que suponen un conocimiento útil para la sociedad. Si se quiere un sistema técnico, ¿qué mejor que incentivar –con la ayuda de entidades como el SENA- las actividades que ya realizan? Con ello, además de mejorar una fuente de ingreso de miles de bogotanos y bogotanas, se hace la sociedad más justa, se reconoce un trabajo digno y se mejora un servicio que en la actualidad –sin que paguemos por ello- nos están prestando. Esto, como alternativa a un planteamiento que insinúa relatos que desconocen a los residuos como materia prima, como fuente de riqueza y que los observan exclusivamente como basura. Como se observa, no se trata solo del mejoramiento de la calidad de vida de una minoría –asunto que se descarta si se leen las providencias y en especial la justificación de las acciones afirmativas en los beneficios ambientales que la actividad de los y las recicladoras conlleva-, sino del mejoramiento de un servicio que nos beneficia a todos, bajo un modelo socialmente incluyente.
Hechos de Desechos
DE LA POBREZA, LA BASURA Y OTROS RELATOS
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Macedonio Alcalá Viajero Macedonio Alcalá es para muchos un personaje literario. Se ha convertido a la fuerza en un personaje al sentir la tensión de vivir y la emoción de viajar.
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